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Leah Carlson- La Suprema Corte de México emitió una resolución que declara “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”. Esta histórica decisión significa que la interrupción voluntaria del embarazo será legal en todo el país y no podrá ser castigada si se realiza en instituciones de salud administradas por el gobierno federal.
La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumenta que la criminalización del aborto “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. Antes de esta decisión sólo algunos estados mexicanos permitían la interrupción del embarazo, generalmente con un límite de 12 semanas de gestación.
La decisión se toma luego de la revisión del caso presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) contra el Congreso y el Ejecutivo federales sobre los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal que sancionaban con prisión la realización de abortos voluntarios en instituciones de salud de administración federal.
El delito de aborto está definido en el artículo 329 del Código Penal Federal como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y establece una pena de uno a tres años para quienes “hagan abortar a una mujer”, aún con su consentimiento.
Entre las implicaciones de la sentencia se encuentra que las personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar quedarán absueltas, algo que había sido aprobado a partir de la sentencia de Coahuila de septiembre de 2021 que sentó un precedente para la despenalización en todo el país. Cabe recordar que el 7 de septiembre de 2021 la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 que invalidó los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban el aborto voluntario y le obligó a cambiar su código penal.
La resolución también ordena a las instituciones de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita e impide que el personal médico pueda ser criminalizado por practicarlo.Según información en línea, alrededor del 70% de la población tiene IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.
Activistas celebraron la medida, sin embargo, advirtieron que aún se deben seguir reformando los códigos penales de todos los estados (apenas van 12) para garantizar que no se criminalice a ninguna persona gestante por abortar. Aseguran además, que la implementación de la histórica resolución sigue siendo un asunto pendiente por la necesidad de insumos y de capacitación para el personal médico, entre otros aspectos.
