Foto: Archivo
Francisco Machalskys- Según estimaciones de los comentaristas políticos locales, los inminentes comicios para elegir al nuevo Alguacil de Alamance constituirán una verdadera lucha de pulso entre dos candidatos de peso por primera vez desde 2010.
Y no es para menos, si tomamos en cuenta que el principal contendor, el actual Alguacil Terry Johnson, de inequívoca tendencia republicana, ocupa este cargo ininterrumpidamente desde 2002, avalado por un contundente respaldo popular.
Sin embargo, un nombre se escucha con insistencia, más que dispuesto a dar un vuelco a la forma de administrar la justicia ciudadana acorde al devenir de la dinámica social estadounidense. Ese nombre es el de Kelly White, candidato por el ala demócrata.
No fue una decisión fácil la de White, de 46 años y hombre de leyes por espacio de 20 años, si se toma en cuenta que su adhesión a la contienda por el cargo fue finalmente consumada al cierre de la convocatoria, junto a otros candidatos que optarán por otros cargos en esta gran elección del condado de Alamance 2022, a efectuarse el próximo 8 de noviembre.
Acompañado de seguidores que respaldaron con aplausos y vítores su primer paso hacia un cambio en la Oficina del Alguacil, Kelly White manifestó en un encuentro con los medios su deseo de convertirse en “un solo Sheriff para todo el condado de Alamance a través de la unidad”.
Como ratificación de esa idea, agregó que espera promover el profesionalismo y la capacidad como motor que impulse su equipo de trabajo en el cumplimiento de la ley aunado al desarrollo verdadero de la comunidad. “Menos que eso es inaceptable”, aseguró.
De tal suerte, las palabras de White vislumbraron lo que parece apuntar como tendencia a lo que espera la comunidad de la Oficina del Alguacil: que trabaje en el incremento de la transparencia y la confianza pública en la aplicación de justicia más allá de la raza y aspectos fenotípicos, así como la necesidad de impulsar la idea de diversidad.
En base a esas ideas, Kelly White se ha destacado en la delicada tarea de aplicar la ley con sentido de justicia y equidad como jefe interino de dos agencias policiales del estado, y en la actualidad como jefe adjunto de la policía de la Winston-Salem State University. Su experiencia alcanza las dos décadas de actividad.
Por su parte, el quehacer del actual Alguacil Terry Johnson cuenta con un impresionante ejercicio de dos décadas. Con casi 52 años de carrera ha tenido una gestión en Alamance que no ha pasado desapercibida ni dentro, ni fuera del condado, y una de las razones para esto es por su apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que le ha sumado la simpatía de muchos residentes de Alamance, pero también ha generado desconfianza entre la comunidad de inmigrantes latinos.
Durante años las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes latinos indocumentados señalan a su oficina de aplicar un trato discriminatorio a esta comunidad en el marco de la puesta en marcha del programa de deportaciones 287 (g). Este instrumento legal, que continúa vigente en 15 cárceles de NC, se refiere a una sección específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 en la que el gobierno federal puede otorgar potestad a las autoridades estatales y locales a que actúen como oficiales de inmigración.
En 2012 el ICE había suspendido el programa en Alamance luego de una lucha legal federal en la que se vio involucrada la Oficina del Alguacil. En ese momento el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra esta oficina por detener y procesar de manera desproporcionada a inmigrantes indocumentados con el fin de ponerlos en proceso de deportación a sus países de origen. En 2015, un juez federal desestimó la demanda alegando insuficiencia de pruebas, no obstante, indicó que el fallo judicial no podía ser interpretado como una aprobación de la conducta de los oficiales de esta dependencia policial.
Johnson se ha defendido en reiteradas oportunidades de todas las acusaciones señalando que la investigación de 2012 tenía tintes políticos y ha negado que su oficina haya discriminado de ninguna manera y forma a personas de habla hispana.
De igual modo, se ha criticado la forma como se manejan los procedimientos policiales cuando se trata de personas negras. Según el instrumento de medición conocido como Mapa de la Violencia Policial (Mapping Police Violence Project) se determinó que una persona negra tenía dos veces más probabilidad de morir en manos de la policía en Carolina del Norte que una persona blanca.
La comunidad desea la aplicación de la ley como garante del orden y la justa regulación de las acciones dentro del conglomerado social. Siempre, por supuesto, dentro de los parámetros de la equidad y el respeto al momento de ser impartida y cuenta con su voz y su voto para hacerlo efectivo.
