Foto: U.S. Immigration and Customs Enforcement
Alexis Quintar – Carolina del Norte se ha convertido en el epicentro de una batalla silenciosa: proteger a quienes sostienen buena parte de su economía de la región, pero viven bajo una gran incertidumbre. Cabe mencionar que ciudades como Raleigh, Durham, Greensboro y Carrboro se han convertido en el hogar de una comunidad de “inmigrantes no autorizados” que son parte activa de la comunidad. Mientras que en Washington se discuten políticas migratorias cada vez más restrictivas, en Carolina del Norte más de 200 negocios se han sumado a una iniciativa que busca blindar a los trabajadores inmigrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La campaña lleva como nombre “Lugar de Trabajo de la Cuarta Enmienda” y fue impulsada por Siembra NC, una organización que es reconocida por la defensa de los derechos de los inmigrantes. Esta iniciativa intenta enseñar a propietarios y empleadores cómo proteger a sus trabajadores inmigrantes cuando el ICE aparece sin una orden firmada por un juez.
¿Quiénes son los inmigrantes no autorizados?
Cabe mencionar que el término “inmigrantes no autorizados” no es solo sinónimo de “indocumentados”, ya que también incluye a quienes cruzaron la frontera sin permiso, como a aquellos que entraron legalmente, pero ahora viven con estatus temporales o precarios. Estamos hablando de personas que han sobrepasado el tiempo permitido por su visa, de quienes esperan una decisión migratoria incierta, o de aquellos que dependen de programas como TPS (Estatus de Protección Temporal) o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) para seguir adelante.
En 1990, apenas 25.000 personas vivían en Carolina del Norte sin autorización migratoria, pero una década después, el número se había multiplicado casi por diez. Durante los años 2000, la cifra se estabilizó, pero desde 2015 volvió a crecer de forma sostenida, alcanzando en 2023 su máximo histórico. En un estado donde, según el Pew Research Center, viven 425.000 “inmigrantes no autorizados” (el 3,8 % de la población total), esta red de apoyo crece como una respuesta urgente a un clima de temor e incertidumbre.
Negocios que se convierten en refugio
Cientos de empleadores han decidido actuar, todos con un mismo propósito: proteger a quienes hacen posible su funcionamiento. En Raleigh, uno de los lugares que pusieron en práctica esta iniciativa es el Longleaf Hotel and Lounge, donde trabaja Jane Lemon. Para ella, la campaña no es solo una medida legal, es un acto de lealtad. En diálogo con el sitio web Enlace Latino NC, Lemon manifestó: “Siempre he trabajado con personas que no son necesariamente estadounidenses, pero que sí son parte de este país. Si todo lo que puedo hacer es proteger a mi gente, entonces tengo que hacerlo”.
Por otro lado, en mayo de este año, Carrboro se convirtió en la primera ciudad del país en declararse “Lugar de Trabajo de la Cuarta Enmienda”. La medida significa que ningún agente de ICE puede ingresar a los negocios adheridos sin una orden judicial firmada por un juez. Además, obliga a los empleadores a capacitar a su personal para manejar situaciones de presión y resguardar información privada. La mediada ha cruzado fronteras estatales, impulsándose también en Oregon, Ohio y otros 14 estados donde los empleadores se capacitan para defender los derechos constitucionales de sus trabajadores.
La Constitución como escudo
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es clara: ninguna autoridad puede realizar registros ni incautaciones sin una orden judicial, aunque en la práctica, muchas veces, la intimidación funciona más rápido que la ley. Por eso, Siembra NC entrena a empleadores y empleados para actuar con calma y a no ceder datos personales sin respaldo legal y a manejar con firmeza situaciones de presión.
Catalina Muñoz, organizadora de Siembra NC, lo dijo con claridad durante el evento en Raleigh: “Sabemos que este año ha sido muy difícil. Todos estamos sufriendo los ataques de la Migra. Queremos una Carolina del Norte mejor, con condiciones más justas para nuestra gente”.
La organización informa y construye espacios que pueden convertirse en puntos de resistencia y apoyo en caso de redadas. En este contexto, Muñoz señaló: “Necesitamos más voluntarios y más negocios que se unan. Así podremos cubrir más terreno y proteger a más personas”. Carolina del Norte es, hoy, un espejo de lo que ocurre en muchos rincones del país: una tensión constante entre políticas cada vez más duras y comunidades que se niegan a vivir con miedo. Detrás de cada cifra hay nombres, hay historias, vidas marcadas por la incertidumbre y la lucha diaria, invisibles para algunos, indispensables para todos.
