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Leah Carlson- La Cámara de Representantes de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Josh Stein al proyecto de ley 318 (HB 318) que busca aumentar y profundizar la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que refuerza la ley HB 10 que, desde diciembre de 2024, obliga a las cárceles estatales a revisar el estatus migratorio de personas arrestadas por delitos graves como el homicidio y el secuestro.
El HB 318, que había sido vetado por Stein el 20 de junio, obliga a los sheriffs a retener hasta por 48 horas a personas detenidas por delitos menores (manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, robos y hurtos, malversación y fraude) incluso si ya han cumplido los requisitos para ser liberados.
Según un artículo de la organización North Carolina Public Radio, la ley estipula en detalle que cualquier persona acusada de un delito grave, un delito menor A1 o conducción bajo los efectos del alcohol debe tener su estatus migratorio confirmado “mediante una investigación del acusado, o mediante el examen de cualquier documento relevante, o ambos” por parte de un funcionario judicial.
Stein había vetado el HB 318 por considerarlo “inconstitucional”. Para el gobernador las agencias locales no podían detener a las personas “basándose solamente en una sospecha” de haber cometido una “violación migratoria”.
Aunque el gobernador manifestó su apoyo a que se castigue a quienes cometan delitos graves como agresión sexual, robo a mano armada o incendios provocados, sin importar su estatus migratorio, dijo que el HB 318 obliga a las autoridades locales a detener inconstitucionalmente durante 48 horas, algo que la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito ya ha considerado ilegal.
Los republicanos necesitaban el voto de al menos un representante demócrata para lograr el veto, ya que no tienen mayoría calificada. En total, hay 71 republicanos y 49 demócratas, y se requerían 72 votos. El voto decisivo fue el de la representante demócrata del distrito 106 del condado de Mecklenburg, Carla Cunningham.
“¿Creen que yo puedo ir a otro país e imponer mis propias reglas para vivir… y luego decirle a ese país que debe hablar mi idioma?”, preguntó la representante en el discurso en el justificó su decisión. “Eso no va a pasar. Ni debería pasar”, enfatizó Cunningham.
Con el voto de Cunningham, el veto del gobernador fue anulado por 72 votos a favor y 48 en contra, y HB 318 pasó al Senado donde los republicanos lo ratificaron por 30 a 19 votos. Tras la decisión, la propuesta se convertirá en ley el 1 de octubre de 2025.
En contraste, durante el debate la representante demócrata Marcia Morey criticó el HB 318 por considerar que “niega que los inmigrantes son una parte esencial de nuestra comunidad. Niega que son nuestros vecinos, que son nuestros compañeros de trabajo, que son nuestros amigos, que son familia. (…) Los pueblos indígenas, los afroamericanos, los inmigrantes: todos hemos construido este país”, enfatizó.
Luego de conocida la noticia de la anulación del veto del gobernador, organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades inmigrantes como LatinxEd manifestaron su preocupación por la decisión. “Creemos que las decisiones políticas deben unir a las personas, no empujar a las comunidades aún más hacia los márgenes”, dijeron en un comunicado.
“Los proyectos de ley que limitan la inclusión, vulneran derechos constitucionales y atacan a las comunidades inmigrantes no reflejan las prioridades de muchas personas en Carolina del Norte, incluyendo al estudiantado latines y sus familias a quienes servimos. En lugar de invertir en nuestra infancia, en nuestros docentes, y en las familias trabajadoras, los líderes legislativos eligieron la política por encima de las personas”, agregaron.
Por su parte, Elaine Utin, directora ejecutiva y cofundadora de LatinxEd, manifestó su pesar por la decisión tomada. “Estamos con el corazón roto, pero no sorprendidos. Estos votos refuerzan lo que nuestras comunidades han sentido durante mucho tiempo: que sus voces son frecuentemente ignoradas en los procesos de formulación de políticas”, dijo.
También organizaciones sin fines de lucro como El Pueblo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Hispano habían criticado la medida por considerarla antimigrante.
