
Foto: Internal Revenue Service
Alexis Quintar – En un movimiento que marca un giro inesperado en la política de protección de datos tributarios en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitirá, por primera vez, el acceso de autoridades migratorias a información con el fin localizar a inmigrantes indocumentados.
Según documentos judiciales publicados por The New York Times, el acuerdo se formalizó esta semana, el cual el IRS permitirá a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitar datos de contribuyentes con órdenes de deportación o bajo investigación, marcando un cambio significativo en las prácticas históricas de privacidad fiscal.
Durante las negociaciones, el principal abogado del IRS fue removido de su cargo y reemplazado por un nominado de la administración Donald Trump, lo que ha incrementado las tensiones. En este contexto, Nina Olson, directora del Centro de Derechos del Contribuyente y exfuncionaria del IRS, ha calificado esta medida como “sin precedentes,” subrayando la gravedad de la situación.
Por otro lado, un portavoz del Departamento del Tesoro en diálogo con Fox News señaló: “Las bases del acuerdo se fundamentan en antiguas facultades otorgadas por el Congreso, que sirven para proteger la privacidad de los estadounidenses respetuosos de la ley, a la vez que agilizan la persecución de delincuentes”. Sin embargo, el acuerdo de intercambio de datos ha suscitado serias dudas sobre su legalidad, lo que llevó a varios altos funcionarios de carrera del IRS a negarse a firmarlo.
Renuncia de la Comisionada Interina del IRS
En medio de una gran controversia, la comisionada interina del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Melanie Krause, ha anunciado su renuncia, sumándose a un éxodo de altos funcionarios dentro de la agencia. Esta decisión, comunicada el martes a su personal, se produce en un contexto de agitación interna tras la reciente aprobación de un acuerdo para compartir datos confidenciales de contribuyentes con las autoridades de inmigración.
Aunque no ha hecho declaraciones públicas, fuentes cercanas indicaron que Krause desconocía los detalles finales del acuerdo, de hecho, se habría enterado por los medios de comunicación que el texto final difería del borrador que ella misma revisó semanas atrás. Mediante un comunicado el Departamento del Tesoro explicó: “Melanie Krause ha dirigido el IRS en una época de cambios extraordinarios. Mientras nos centramos en la modernización de las TI (Tecnologías de la Información) y reorganizamos la agencia para servir mejor al contribuyente, también estamos en medio de la ruptura de los silos de datos que durante demasiado tiempo se han interpuesto en el camino de la identificación del despilfarro, el fraude y el abuso y llevar a los delincuentes ante la justicia”.
Implicaciones legales y controversias
La confidencialidad de los datos fiscales ha sido, hasta ahora, uno de los pilares del sistema tributario estadounidense, siendo una garantía para que millones de inmigrantes indocumentados (sin acceso a un número de seguro social) utilicen el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para declarar ingresos y cumplir con sus obligaciones fiscales.
Organizaciones como Public Citizen, representada por el abogado Nandan Joshi, han denunciado al manifestar: “Este tipo de acuerdos puede provocar que muchas personas se retiren del sistema formal por miedo, lo que impactaría tanto en la recaudación como en la integridad del proceso fiscal. Además, no hay claridad sobre cuáles casos se consideran realmente criminales. Esa ambigüedad es peligrosa”.
Riesgo para la recaudación
Un informe reciente del American Immigration Council estimó que, en 2023, los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados contribuyeron con cerca de $90 mil millones en impuestos. De romperse la confianza en el sistema, analistas advierten que muchos optarían por no declarar o buscar empleos en la economía informal, lo que supondría una gran pérdida significativa para el fisco y para programas estatales como el Seguro Social.
El acuerdo, calificado por algunos expertos como una “fisura peligrosa” en el muro de confidencialidad fiscal, será ahora examinado en los tribunales. Muchos grupos de derechos migratorios intentan frenar una medida que podría cambiar de manera estructural la relación entre el IRS y millones de contribuyentes en situación irregular.
Próximos pasos y conclusiones
El acuerdo entró en vigencia con la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el pasado lunes, pero el intercambio de información no comenzará hasta que se establezca un acuerdo de ejecución entre las agencias involucradas. Cabe mencionar que la firma del pacto ocurre apenas a días del cierre del período fiscal, lo que añade presión sobre quienes aún evalúan presentar su declaración de impuestos.
Mientras quienes han cumplido por años con sus deberes tributarios ya están registrados, quienes lo harían por primera vez podrían sentirse disuadidos por temor a futuras repercusiones, aunque hasta el momento, ni el DHS ni ICE han solicitado información de ningún contribuyente bajo los parámetros del nuevo acuerdo.