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Alexis Quintar – En medio de un clima de gran incertidumbre para las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos, las escuelas públicas se han convertido en un refugio para estudiantes y familias que enfrentan el riesgo de deportación. Se observa una angustia generalizada por las promesas del presidente electo Donald J. Trump, quien aseguró que deportará a todos los inmigrantes que estén en el país de manera ilegal. A medida que la administración actual endurece sus políticas migratorias, estas instituciones educativas están tomando medidas para garantizar que sus espacios sigan siendo seguros e inclusivos.
Si los agentes de inmigración llegan a la puerta de una escuela pública de la ciudad de Nueva York, los directores de los establecimientos ya saben qué hacer. Las instrucciones son muy claras, y lo primero que deben hacer es pedirles a los oficiales que esperen afuera y automáticamente llamara a un abogado del distrito escolar. Según informes recientes, varias instituciones están utilizando medidas protocolares para resguardar a sus estudiantes y empleados de las consecuencias de posibles acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estos protocolos incluyen la capacitación del personal docente y administrativo sobre los derechos legales de los inmigrantes, la designación de puntos de contacto para emergencias y lo más relevante es la prohibición del ingreso de agentes de ICE a los planteles escolares sin una orden judicial válida.
El contexto de la Ley
El Proyecto de Ley 10, también llamada HB10, patrocinado por legisladores republicanos, se convirtió en ley después de que la Asamblea General anulara el veto del gobernador demócrata Roy Cooper gracias a una supermayoría republicana. La ley busca obligar a los alguaciles a ayudar con ICE al retener a personas acusadas de ciertos delitos graves por un periodo de hasta 48 horas, permitiendo que agentes federales asuman su custodia. La ley ha sido el resultado de varios años de intentos legislativos frustrados, puesto que ya hubo propuestas similares en 2019 y 2021 que fueron vetadas, pero esta vez la balanza política inclinó el desenlace.
A diferencia de años anteriores, cuando la cooperación con ICE por parte de los alguaciles de Carolina del Norte era voluntaria, la nueva Ley impone la cooperación obligatoria para todos los condados, independientemente de las posturas políticas de los funcionarios locales. La legislación indica que el estatus migratorio debe ser verificado para cualquier persona acusada de delitos graves como homicidio, delitos sexuales, secuestro y abuso infantil, entre otros. Del mismo modo, exige que los alguaciles respeten las órdenes de detención emitidas por ICE, incluso en casos en los que las personas puedan pagar la fianza o ser liberadas tras ver a un magistrado.
Impacto en la Salud Mental
Directivos de escuelas de California, un estado con una alta población inmigrante, aseguraron que el objetivo es que los estudiantes puedan concentrarse en su aprendizaje, sin miedo, ya que los establecimientos escolares deben ser un lugar donde se sientan seguros y respaldados, más allá de su situación migratoria.
Además de fortalecer sus propias políticas, las escuelas están colaborando con organizaciones comunitarias y legales para ofrecer talleres informativos y recursos a las familias afectadas. Estos talleres incluyen información sobre cómo responder en caso de redadas, cómo crear planes familiares de emergencia y qué derechos tienen los inmigrantes ante las autoridades migratorias.
No obstante, el clima no es el mejor, puesto que el miedo y el estrés generado por las políticas de deportación están teniendo un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes y sus familias. Los consejeros escolares han informado que los casos de ansiedad, depresión y problemas de concentración han aumento considerablemente entre el alumnado. Para abordar esta situación, las escuelas están contratando más personal capacitado en salud mental y ofreciendo sesiones de terapia tanto grupales como individuales. También se están promoviendo actividades que fomenten la inclusión y el apoyo mutuo dentro de la comunidad escolar.
Carolina del Norte y su postura sobre la cooperación con ICE
Desde el 1 de diciembre, los alguaciles de todos los condados de Carolina del Norte estan legalmente obligados a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según lo estipulado en la sección de Justicia y Seguridad Pública del Proyecto de Ley 10 de la Cámara de Representantes. Esta medida marca un cambio significativo en la aplicación de las leyes de inmigración en el estado, generando reacciones encontradas entre legisladores, fuerzas del orden y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Impacto en los inmigrantes y controversias
Aunque los legisladores republicanos aseguran que la ley está dirigida a quienes cometen delitos graves, los defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en leyes advierten que podría haber consecuencias para personas acusadas de delitos menores. Beckie Moriello, abogada de Raleigh Immigration Law, en diálogo con el sitio web WUNC señaló que inmigrantes en condados menos favorables podrían estar en mayor riesgo de deportación.
En el mismo hilo de información, alguaciles de Durham, Orange y Wake han criticado la medida, argumentando que representa una carga administrativa adicional y podría resultar en detenciones inconstitucionales, según la Cuarta Enmienda. Sin duda, la HB10 también subraya un cambio en la dinámica política estatal, con legisladores republicanos impulsando la ley como respuesta directa a la resistencia de alguaciles demócratas en condados más grandes y urbanos.
Implicaciones políticas y futuro legal
Según el representante Destin Hall, principal patrocinador del proyecto, la medida busca garantizar la cooperación en todos los condados, independientemente de la afiliación política. Sin embargo, las impugnaciones legales podrían ser inevitables y así lo dejaron en claro varios expertos del Consejo Americano de Inmigración, los cuales anticipan desafíos constitucionales si los alguaciles retienen a personas más allá del período autorizado de 48 horas. Igualmente, el gobernador electo Josh Stein y el fiscal general Jeff Jackson, ambos demócratas, han expresado su oposición a la ley, aunque no han indicado si liderarán una batalla legal en su contra.
No cabe duda que el papel de las escuelas como espacios seguros y solidarios es más importante que nunca, aunque el camino por recorrer está lleno de obstáculos, las comunidades educativas siguen demostrando su resiliencia. Mientras las políticas migratorias continúen cambiando, las escuelas públicas permanecen en la primera línea de la defensa de los derechos y la dignidad de todos sus estudiantes.
El Proyecto de Ley 10 representa una de las iniciativas más importantes en la aplicación de las leyes de inmigración en Carolina del Norte en los últimos años. Mientras sus defensores la ven como una herramienta necesaria para reforzar la seguridad pública, sus detractores advierten sobre los riesgos de discriminación, violaciones a los derechos constitucionales y un clima de desconfianza en las comunidades inmigrantes que a medida que esta normativa entra en vigor, su impacto será observado de cerca, no solo en Carolina del Norte, sino también en el debate nacional sobre la inmigración y la cooperación entre las agencias locales y federales.
