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Alexis Quintar – Los trabajadores de la salud y los defensores de los derechos de los inmigrantes están preocupados por el proyecto de ley HB10, una decisión bastante polémica que avanza en la Asamblea General de Carolina del Norte. Cabe mencionar que el lunes 24 de junio fueron elegidos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes que integrarán el Comité de Conferencia, cuyo propósito es llegar a un acuerdo y conseguir la versión final del proyecto de ley HB10, que al parecer podría ser aprobada. Hay que destacar que la normativa ha sido calificada como antiinmigrante, ya que afecta de lleno a las personas indocumentadas. Según cifras del Censo realizado en el 2020, más de 1 millón de latinos viven en Carolina del Norte, y se estima que el 42% son inmigrantes indocumentados.
Eloy Tupayachi, quien trabaja como gerente de contenido de la organización El Pueblo, se refirió a esta controversial ley. “El resultado de esta medida lo que genera es miedo y temor en la comunidad. Hace que las personas de nuestra comunidad tengan miedo para llamar a la policía cuando son víctimas de crimen y hace que no haya justicia para estas personas”, sostuvo Tupayachi durante la sesión en el comité del Senado. El objetivo de esta ley es que los alguaciles de Carolina del Norte cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que significa que deberán detener a cualquier persona que haya cometido un delito.
Si se llegara a aprobar la HB10 podría tener un gran impacto negativo en la salud y el acceso a la atención médica, ya que las familias indocumentadas dejarán de usar la atención médica por miedo a ser deportados como sucede en estados como Florida, Texas y Iowa, los cuales poseen políticas muy duras con respecto a la inmigración. Griselda Alonso, doctora y defensora de los derechos de los inmigrantes, habló sobre las consecuencias que puede traer esta ley si se llega a aprobar. “Nosotros, los trabajadores de salud comunitarios, seremos los primeros en notar las consecuencias de la HB10”, comentó la médica la semana pasada durante una reunión de LATIN-19.
Por su parte, Olivia Moreno, trabajadora de salud en El Centro Hispano, indicó: “La comunidad ha comenzado a sentir pánico, y con el pánico vienen muchos problemas de salud”. Edith Nieves López, médica de atención primaria de Durham, explicó que los inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica para no correr el riesgo de ser deportados. Conjuntamente, Viviana Martínez-Bianchi, médica y cofundadora de LATIN-19, sumó: “La gente deja de conducir. La gente deja de ir al hospital cuando lo necesita”. Asimismo, la profesional de la salud añadió: “Recibimos niños con dolores de cabeza, con dolor abdominal, porque están absolutamente aterrorizados de que sus padres sean deportados en cualquier momento”. Los niños y adolescentes son muy perjudicados con toda esta situación, por el hecho de que al vivir tanta angustia y diversos factores estresantes que pueden llevar a desarrollar enfermedades cardíacas y depresión.
Nieves López, otra doctora de Durham en diálogo con NC Health News, reveló que los inmigrantes indocumentados, al no poder tener su licencia de conducir en Carolina del Norte, deciden no asistir a clínicas y hospitales para recibir atención por miedo a ser interceptado por los controles policiales. En el mismo contexto, Iliana Santillán, directora ejecutiva de El Pueblo, una organización de defensa a la comunidad latina de Carolina del Norte, fue contundente al hablar del proyecto de ley. En una entrevista que le concedió a NC Health News, Santillán comentó: “La HB10 añade otra capa de miedo y terror a los miembros de la comunidad para acceder a las necesidades básicas”.
Quien también tuvo una fuerte opinión sobre esta polémica ley fue Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y consejera delegada del Centro Hispano, la cual realizó una extensa publicación en la página web de la organización que preside donde se mostró indignada por posible aprobación de esta ley. “En lugar de implementar proyectos de ley innecesarios y restrictivos como la HB10, deberíamos priorizar las protecciones laborales y el acceso a permisos de trabajo”, manifestó Rocha-Goldberg.
Preparación y resiliencia
Ante la posible aprobación de la HB10, médicos comunitarios como Alonso y Moreno están comenzando a idear un plan para poder que las personas sigan teniendo acceso a los servicios de salud. Con este fin, empezaron a dar unos talleres bajo el nombre de “Conozca sus derechos”, en donde por medio de las redes sociales mantienen informada a la comunidad. “La única ventaja que tenemos hoy respecto a hace unos años es que contamos con una red de comunicación fantástica. La información está llegando más rápido a las comunidades”, expresó Moreno. En este contexto de incertidumbre, la comunidad y los trabajadores de salud están preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir si la HB10 es aprobada.
