Foto: Archivo
Francisco Machalskys- ¿Qué pensaría si le dijeran que tiene que pagar más de dos mil quinientos dólares para estar medianamente “a salvo” de sufrir deportación durante cierto periodo de tiempo? Angustiante como suena, es la realidad de quienes se han acogido al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, por sus siglas en inglés.
Ilustrativo de este drama de millones es el caso de Laura Garduño, quien llegó a este país con apenas un año, traída por sus padres, inmigrantes irregulares. En 2012 se acogió al programa DACA, anunciado ese mismo año por la administración del entonces presidente Barack Obama, como un alivio para las personas que llegaron de manera ilegal con menos de 16 años y que cuentan con un récord criminal limpio.
Pero, lo que fuera concebido en principio como un beneficio se ha tornado una carga pesada para muchos de quienes se suscribieron. Hoy Garduño, con 37 años, dos hijos y un diploma universitario, debe cancelar 495 dólares por año por permanecer en un limbo legal que le brinda un estatus de permanencia incierto, que no le otorga condición de residente y sólo evita que la policía la deporte teniendo, además, que renovar sus documentos cada dos años sujeto a la aprobación del gobierno en turno.
“En suma, he cancelado a la fecha unos dos mil quinientos dólares desde que solicité la protección de DACA”, comentó Garduño, “pero definitivamente es mucho más, si se incluyen gastos en envío y de representación legal”, asegura. Aún así, Laura Garduño reconoce que su aplicación a DACA representó en su momento un cambio sustancial en su vida, logrando acceso a distintos requerimientos que son cotidianos para cualquier ciudadano regular, como poseer una licencia de conducir, elegir el trabajo de su preferencia y acudir a cualquier centro de salud sin restricción alguna, entre otros.
Empleada en una Organización No Gubernamental llamada Siembra NC, Garduño hace gala de su resistencia, basada en el buen comportamiento, enérgica actitud para el trabajo, y respeto de las leyes. Recientemente aplicó por quinta vez a DACA, diciendo sentir Carolina del Norte como “el hogar de mis hijos, y donde trabajo para hacer este estado próspero”.
El programa DACA, creado por Barack Obama y mantenido en un angustioso veremos durante la administración de Donald Trump (el Tribunal Supremo anuló la cancelación durante su mandato), reúne a más de 800 mil jóvenes adultos en edad productiva, cuya fuerza laboral y creativa la han dedicado íntegramente a construir este país. De ese número, al menos 23 mil llaman a Carolina del Norte su hogar, como Laura Garduño, quien creció en California para luego llegar a nuestro estado en busca de oportunidades de estudio, que consiguió en su Alma Mater la Universidad de Carolina del Norte (UNC, por sus siglás en inglés).
La administración del presidente Obama anunció en su momento que el programa no se creó con la intención de que fuese duradero, sino de que sirviese de antesala para la necesaria promulgación de una ley por parte del Congreso que regularizara la situación migratoria de los jóvenes llegados al país a corta edad, lo que les permitiría solicitar apoyo financiero para estudiar, trabajar legalmente, obtener una licencia de conducir y, lo más importante, vivir protegidos contra la deportación.
Actualmente, tras una década de creación, son cada vez menos las nuevas adhesiones a DACA, que este año se contaron apenas 6 mil en nuestro estado. ¿La razón de esta caída? Desconfianza en su efectividad a largo plazo como paso previo a obtener residencia legal, y su volatibilidad ante las constantes amenazas de ser cancelado.
Uno de los últimos embates en contra del programa fue la decisión, en julio de 2021, del juez federal de Texas, Andrew S. Hanen, quien dictaminó que el gobierno de Obama no actuó legalmente cuando creó el programa. La administración de Joe Biden apeló este fallo y un tribunal federal tiene previsto escuchar este próximo 6 de julio los argumentos orales sobre su legalidad. Actualmente, esta disputa legal permite que las renovaciones del programa continúen; sin embargo, ha detenido y permitido intermitentemente las nuevas solicitudes.
Lo cierto es que, lo que miles de “Dreamers” esperan es la aprobación de una política migratoria que les conceda por fin el estatus prometido y así poder echar raíces definitivas en la tierra por la que trabajan y estudian y que consideran su hogar.
