Foto: Georgetown Law, Wikimedia Commons
Leah Carlson – El presidente Joe Biden firmó el martes una orden ejecutiva que restringe la entrada al país y las solicitudes de asilo en la frontera sur entre Estados Unidos y México. La medida permite a las autoridades deportar rápidamente o enviar de vuelta a México a quienes intentan entrar ilegalmente al país si el promedio diario supera 2.500 personas a lo largo de una semana.
La decisión, que entra en vigor de inmediato, exceptúa a los niños no acompañados, a personas que enfrentan graves amenazas médicas o de seguridad y a las víctimas de trata de seres humanos, declaró un alto funcionario de la administración Biden.
“A partir del 5 de junio de 2024, los procedimientos de asilo y aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos son más estrictos. Los no ciudadanos cuya entrada sea suspendida, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada en lugar de usar una vía legal, y no demuestran tener una base legal para permanecer en Estados Unidos por lo general, no serán elegibles para asilo, serán removidos a su país de origen o tercer país, enfrentarán, al menos, una prohibición de reingreso de al menos 5 años, y enfrentarán posibles cargos criminales”, se lee en el sitio en línea del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Según autoridades, una vez superado el umbral de 2.500, los estándares para calificar para asilo serán más altos y los migrantes deberán demostrar que existe el riesgo de sufrir torturas o de ser perseguidos si son devueltos a su país de origen. Aunque voceros aseguraron que Estados Unidos cumplirá las obligaciones de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.
La restricción para solicitar asilo establecida por la nueva orden ejecutiva es temporal y volvería a flexibilizarse una vez que la cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días.
Además, se seguirán procesando los casos de asilo de quienes hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil “CBP One”, que ofrece aproximadamente 1.450 citas diarias. Según expertos, Biden quiere mantener la prioridad y veracidad de su programa de parole CBP, un permiso humanitario que se otorga a un ciudadano extranjero para ingresar temporalmente a los Estados Unidos debido a una razón humanitaria urgente y de emergencia o un beneficio público significativo.
Antecedentes
La orden ejecutiva se da luego del fracaso, a principios de año, de un proyecto de ley apoyado por Biden y elaborado por un grupo bipartidista de senadores, que habría otorgado miles de millones de dólares adicionales al sistema de solicitud de asilo y deportación.
Los legisladores republicanos lo rechazaron en el Congreso luego que el expresidente Donald Trump se pronunciara en contra. Según funcionarios de la Casa Blanca, Biden no puede decidir unilateralmente otorgar los recursos necesarios para asegurar la frontera por lo que pidió al Congreso que apruebe la financiación y los cambios legales para un sistema migratorio más ordenado.
En 2021, cuando asumió la presidencia, Biden prometió revertir algunas de las políticas fronterizas restrictivas de Trump, pero se enfrentó a niveles récord de migrantes intentando cruzar ilegalmente.
El número de cruces ilegales en la frontera entre EE.UU. y México ha disminuido durante meses, en parte debido a la intensificación de los esfuerzos por parte de México. Sin embargo, según reciente información gubernamental, estos han superado un promedio de 3.500 al día en las últimas semanas.
De hecho, autoridades estadounidenses informan alrededor de 2 millones de cruces ilegales por año a lo largo de la frontera sur desde 2021, los niveles más altos de la historia, y los migrantes han estado llegando en números récord desde China, India, Venezuela y decenas de otros países.
Claudia Sheinbaum, recién electa como la primera mujer presidente de México y sucesora del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a mantener la cooperación con Estados Unidos en materia de migración.
La nueva orden ejecutiva establece que mexicanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, serán devueltos directamente a México en el marco de acuerdos previos entre Estados Unidos y México. Por otro lado, quienes lleguen a la frontera desde otras partes, tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.
Expertos en el tema consideran que cualquier medida que se tome debe ir acompañada de financiamiento pues las autoridades fronterizas carecen de capacidad para detener, controlar o deportar a los inmigrantes ilegales por falta de espacio, transporte y funcionarios de asilo.
Muchos inmigrantes ilegales son liberados en Estados Unidos a la espera de que se resuelvan sus casos y, según información en línea, hay más de 2 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, y hay quienes esperan años una fecha judicial viviendo en un limbo legal en el país.
La decisión presidencial se da en un año electoral en un contexto en el que el tema de la inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes. Biden probablemente se enfrentará a Trump en las elecciones generales del 5 de noviembre quién le ha criticado continuamente por sus políticas de “fronteras abiertas”.
Por otra parte, analistas consideran que el presidente demócrata podría enfrentarse a desafíos legales por parte de grupos de inmigrantes y activistas que le critican por adoptar políticas de mano dura en lo que respecta a inmigración.
“Tengan paciencia. La buena voluntad del pueblo estadounidense se está agotando en estos momentos. No hacer nada no es una opción. Tenemos que actuar”, declaró Biden ante las críticas.
