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Alexis Quintar- La norma sobre carga pública trajo una gran controversia en la administración de Donald Trump, ya que tuvo un efecto paralizante y de mucha incertidumbre en las familias de inmigrantes. Recordemos que Trump puso mano dura con esta política y generó que millones de personas no consiguieran la residencia legal en Norteamérica. Cabe señalar que carga pública es un impuesto que se le impone al patrimonio de las personas que buscan obtener la residencia en los Estados Unidos. Si no se cumplían los requisitos, el Gobierno le podía negar la admisión en el país de manera legal y la obtención de la “green card” (tarjeta verde). Es indispensable saber que la carga pública afecta a unos 10 millones de inmigrantes y 12 millones de niños, los cuales nacieron en una familia de estatus mixto y por ello son considerados ciudadanos estadounidenses.
El pasado 8 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó un comunicado con la nueva disposición que elimina gran parte de la norma que puso en marcha Trump. “La regla restaura la comprensión histórica de una carga pública que había existido durante décadas, hasta que la Administración anterior comenzó a considerar los beneficios complementarios de salud pública, como Medicaid (programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos) y la asistencia nutricional, como parte de la determinación de inadmisibilidad de la carga pública. La regla anunciada hoy habla del compromiso de la Administración de Biden de restaurar la fe en nuestro sistema de inmigración legal”, se puede leer en dicha gacetilla.
La nueva norma, que entrará en vigencia el próximo 23 de diciembre, únicamente se reducirá a dos factores: “La asistencia temporal para familias necesitadas y la institucionalización para cuidados a largo plazo”. Quien habló sobre la decisión que tomó Biden, fue el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, el cual aseguró: “Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
No obstante, hasta el momento muchos inmigrantes siguen dudando sobre esta nueva norma y por ello dudan si anotarse o no en los beneficios. Cabe indicar que dichos beneficios, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, incluyen: “Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y otros programas de nutrición, Programa de Seguro Médico para Niños, Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo), beneficios de vivienda, cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles y otros beneficios complementarios o de propósito especial”.
El director de la Iniciativa de servicios humanos del Instituto de Política Migratoria, Essey Workie, se mostró muy entusiasmado por este cambio de rumbo que eligió Biden. “Este cambio tendrá un impacto benéfico para millones de inmigrantes, principalmente mujeres y niños”. Sin embargo, Workie en diálogo con el periódico digital Ethnic Media Services advirtió: “Pero, aunque la norma es un paso en la dirección correcta, las comunidades de inmigrantes siguen temiendo lo que pueda ocurrir en el futuro. Un cambio de administración podría traer de vuelta las normas restrictivas, afectando al estatus migratorio”.
Al parecer, gran parte de los inmigrantes están algo confundidos con esta nueva normativa. Quien se explayó sobre el temor que hay entre los inmigrantes, fue Ur M. Jaddou, el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el cual reconoció: “Aunque todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo, continuaremos trabajando para derribar las barreras en el sistema de inmigración, restaurar la fe y la confianza con nuestras comunidades de inmigrantes y eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud”.
Por su parte, la abogada y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Marielena Hincapié, mediante un comunicado de prensa expresó: “La norma de carga pública de la administración de Biden se alinea con los principios de larga data en la Ley de Inmigración y proporciona aclaraciones útiles a la orientación preexistente. Esta política es un paso importante en el avance de la prioridad de la administración de Biden de abordar las desigualdades socioeconómicas y raciales que han sido exacerbadas por la actual pandemia de COVID-19”.
Muchas organizaciones se manifestaron al conocer la nueva norma que implementó Biden. Una que tomó esta noticia con mucha euforia fue Asian Americans Advancing Justice la cual publicó un extenso comunicado. Dicho organismo aseguró que la antigua norma de carga pública era “Cruel por diseño. No solo pretendía favorecer a los inmigrantes blancos y ricos que solicitaban la admisión a los Estados Unidos o la green card, sino que también pretendía crear miedo y confusión sobre el uso de programas críticos que salvan vidas dentro de las comunidades de color de bajos ingresos”.
Igualmente, desde la organización anteriormente mencionada aseveraron: “Trágicamente, la emisión de la última norma causó que muchos inmigrantes de color, incluidos los asiático-americanos, se retiraran de la atención médica, los programas de nutrición, los servicios de vivienda y otros beneficios”. Sin duda, esta nueva determinación de Biden tendrá mucha repercusión entre gran parte de la ciudadanía y solo resta esperar si esta decisión que tomó, ayudará a mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones presidenciales.
