Foto: Archivo
Alexis Quintar – En Carolina del Norte, la situación en las prisiones ha alcanzado un punto crítico y por ello una coalición de grupos de derechos humanos y civiles ha hecho un llamado urgente a las autoridades para aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario del estado, una crisis exacerbada tras el paso del huracán Helene. Mediante un comunicado, los defensores de derechos solicitan la liberación de casi 2.000 personas, argumentando que las condiciones son “inhumanas y peligrosas”, mientras, el Departamento de Correcciones para Adultos (DAC siglas en inglés) desestima las denuncias y califica las afirmaciones de exageradas.
En este contexto, Dawn Blagrove, directora ejecutiva de Emancipate NC, en la conferencia de prensa matutina en la Institución Correccional para Mujeres de Carolina del Norte, indicó: “El estado es incapaz de proporcionar condiciones humanas y atención constitucional adecuadas para las personas que se encuentran dentro de las prisiones y, como resultado, tiene el deber constitucional de rectificar esa situación”.
La coalición, formada por organizaciones como la ACLU de Carolina del Norte, Disability Law United y Emancipate NC, ha expresado su preocupación por el hacinamiento en las prisiones estatales, asegurando que la situación se ha vuelto particularmente grave tras el paso del huracán Helene. El paso de este fenómeno climático forzó el traslado de más de 2.100 personas desde cinco prisiones en el oeste de Carolina del Norte hacia instalaciones en el centro y el este del estado.
El origen de la crisis: desplazamientos masivos por el huracán Helene
El huracán Helene dejó daños considerables en la infraestructura de cinco instalaciones penitenciarias del oeste de Carolina del Norte, incluyendo las prisiones Avery Mitchell, Mt. View, Craggy, el Western Correctional Center for Women y el Black Mountain Substance Abuse Treatment Center for Women. Ante estos problemas, el Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte (NCDAC siglas en inglés) se vio obligado a evacuar a más de 2,000 reclusos hacia otras prisiones del centro y este del estado.
Según dicho departamento, estos traslados fueron necesarios para garantizar la seguridad y bienestar de los detenidos. Sobre este aspecto, Keith Acree, director de comunicaciones de NCDAC, le comentó a Carolina Journal: “Los daños a nuestras instalaciones penitenciarias estatales debido a Helene fueron mínimos. Sin embargo, los sistemas de agua y alcantarillado comunitarios que sirven a cinco de nuestras instalaciones resultaron gravemente dañados o destruidos, lo que nos obligó a evacuar cinco instalaciones”.
Respuesta oficial: rechazo y escepticismo
La carta enviada por la coalición de Derechos humanos explicó: “Para los encarcelados, la falta de personal significa largos encierros, acceso limitado a atención médica y menos oportunidades para la recreación”. El Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte (DAC) ha rechazado las afirmaciones de la carta, calificándolas de “extremadamente exageradas”. El portavoz del DAC, Keith Acree, afirmó que el departamento tomó en cuenta la capacidad de las prisiones receptoras y las necesidades médicas de los reclusos antes de ordenar los traslados.
Opiniones y preocupaciones sobre la seguridad pública
La propuesta de liberación anticipada ha suscitado opiniones encontradas y por ello Jon Guze, investigador principal de estudios legales de la Fundación John Locke, recomendó precaución en la toma de decisiones que involucren liberaciones masivas, señalando que el público podría ver estas medidas como “blandas contra el crimen”. Según el experto, la percepción pública sobre la liberación de reclusos ha cambiado desde el auge del movimiento de reforma de justicia penal en 2020, en parte debido a los incidentes en que ex-reclusos reincidieron en actividades delictivas tras ser liberados.
Asimismo, Guze le señaló a Carolina Journal: “En algún momento, el hacinamiento podría requerir la liberación temprana de algunos prisioneros, pero mi consejo para todos los involucrados, incluso los defensores de los derechos humanos, es que sean muy cuidadosos y se equivoquen por el lado de la precaución”. Además, el investigador principal de estudios legales de la Fundación John Locke sumó: “El apoyo a la reforma de la justicia penal alcanzó su punto máximo después de la muerte de George Floyd. Al público no le gustó el aumento de la delincuencia que siguió, y al público especialmente no le gustó que criminales potencialmente peligrosos fueran liberados de la detención y luego cometieron nuevos delitos”.
El contexto político: la supermayoría Republicana en la Asamblea General
El panorama político también afecta las posibilidades de una liberación anticipada de reclusos. En la Asamblea General de Carolina del Norte, los republicanos se encuentran a un escaño de lograr la supermayoría, lo que les permitiría anular veto del gobernador sin dificultades. Esto hace que la situación sea bastante delicada para los defensores de la justicia penal, ya que una supermayoría republicana podría inclinar la balanza en favor de políticas más restrictivas y menos abiertas a reformas penitenciarias.
Por último, no hay duda que la crisis de hacinamiento en las cárceles de Carolina del Norte sigue siendo un desafío sin resolución clara, el Departamento de Correcciones para Adultos trabaja en restaurar las instalaciones del oeste del estado. Por su parte, los defensores de derechos humanos instan a que se actúe rápidamente para prevenir mayores tensiones y garantizar condiciones de vida dignas para los internos. La propuesta de liberación anticipada se enfrenta a un ambiente político polarizado y a una creciente preocupación por la seguridad pública, lo que dificulta encontrar una solución que satisfaga a todos los sectores.
