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Leah Carlson- La oficina del gobernador Josh Stein anunció una extensión de 30 días a partir del 7 de marzo para que los sobrevivientes del desastre causado por Helene soliciten su participación en el programa de asistencia individual (IA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). La nueva fecha límite es el 7 de abril de 2025.
“El huracán Helene destruyó muchísimo en el oeste de Carolina del Norte: vidas, hogares, empresas, granjas e infraestructura, y nuestro estado enfrenta casi $60 mil millones en daños. A pesar de una respuesta inmediata y adecuada del gobierno federal, estatal, local, del sector privado y de socios sin fines de lucro, cinco meses después está claro que se necesita mucha más ayuda para restaurar y reconstruir el oeste de Carolina del Norte”, declaró Stein en ocasión de la solicitud.
Los propietarios e inquilinos de viviendas en los condados de Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Catawba, Cherokee, Clay, Cleveland, Forsyth, Gaston, Graham, Haywood, Henderson, Iredell, Jackson, Lee, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mecklenburg, Mitchell, Nash, Polk, Rowan, Rutherford, Stanly, Surry, Swain, Transylvania, Union, Watauga, Wilkes, Yadkin y Yancey y la Banda Oriental de Indios Cherokee con pérdidas no aseguradas por la tormenta tropical Helene pueden ser elegibles para solicitar asistencia de FEMA.
Según información publicada por la oficina del gobernador, la escala y el alcance de los daños en el oeste de Carolina del Norte, aunque todavía se están analizando, eclipsan los desastres naturales anteriores en el estado. “Una evaluación de daños y necesidades publicada por la Oficina de Presupuesto y Gestión Estatal de Carolina del Norte (OSBM) en diciembre de 2024 estimó que era probable que 73.700 viviendas hubieran resultado dañadas por la tormenta. Esta estimación incluía viviendas unifamiliares, casas prefabricadas y dúplex. Las estimaciones de costos de los impactos en la vivienda incluyen un estimado de $12.7 mil millones en daños residenciales”, explican.
Cómo presentar una solicitud
Según una nota de la oficina del gobernador, lo más recomendable es visitar un centro de recuperación de desastres en la comunidad. En fema.gov/drc pueden encontrarse las ubicaciones más cercanas. Una segunda opción es llamar a la línea directa de FEMA al 1-800-621-3362 entre las 7 a. m. y la medianoche o visitar el sitio web https://www.disasterassistance.gov/
Recomiendan a los sobrevivientes que tengan seguro que presenten una reclamación por daños causados por el desastre ante su compañía de seguros antes de solicitar asistencia de FEMA. Cabe destacar que los sobrevivientes no asegurados o con seguro insuficiente que califiquen también pueden recibir asistencia financiera.
Por otra parte, según la nota, a quienes les haya sido negada la asistencia de FEMA, pueden presentar una apelación visitando un Centro de Recuperación de Desastres en su comunidad, llamando al 1-800-621-3362 o ingresando en línea a disasterassistance.gov . También puede visitar https://legalaidnc.org/project/disaster-relief-project/.
Por último, los sobrevivientes de desastres que necesiten asistencia o recursos para ayudar en la recuperación pueden llamar al Programa de Gestión de Casos de Desastres de Carolina del Norte (NC-DCM) al 1-844-746-2326 o visitar ncdps.gov/Helene/dcm .
“El NC-DCM actualmente está ayudando a más de 2700 casos y ha recibido más de 8500 llamadas desde diciembre. Con más de 500 fondos y asociaciones disponibles, los administradores de casos del NC-DCM pueden ayudar a encontrar soluciones para las necesidades individuales de los sobrevivientes de desastres para facilitar su recuperación” se lee en la nota.
Programa de Asistencia Individual
El Programa de Asistencia Individual provee ayuda financiera y asistencia directa a individuos y hogares, así como a gobiernos estatales, territoriales, tribales y locales que han sufrido pérdidas por desastres. Tiene varias áreas programáticas de atención:
El Programa de Ayuda Individual y Vivienda (IHP, por sus siglas en inglés) que ofrece apoyo financiero y servicios directos a personas y hogares elegibles que tienen gastos no asegurados o con seguro insuficiente y necesidades graves. “Normalmente, la asistencia de IHP se limita a 18 meses después de la fecha de la declaración presidencial de desastre/Sin embargo, FEMA puede extender el período de asistencia debido a circunstancias extraordinarias”.
Otro de sus programas es el de Cuidado Masivo y Asistencia en Emergencias (MC/EA, por sus siglas en inglés) que presta servicios de sustento vital a los sobrevivientes de desastres inmediatamente antes de un incidente potencial, durante la respuesta inmediata a un incidente y durante el inicio del esfuerzo de recuperación posterior al desastre.
También su programa de Manejo de Casos por Desastre (DCM, por sus siglas en inglés) con un proceso de tiempo limitado promueve la asociación entre un administrador de casos y un sobreviviente del desastre para evaluar y atender las necesidades insatisfechas verificadas de un sobreviviente del desastre a través de un plan de recuperación.
Su Programa De Asistencia y Capacitación para Consejería de Crisis (CCP, por sus siglas en inglés) provee fondos suplementarios a gobiernos estatales, territoriales, tribales o locales elegibles, y organizaciones no gubernamentales para ayudar a personas y comunidades afectadas por desastres mayores a recuperarse a través del alcance comunitario y servicios psicoeducativos.
Por su parte, el programa de Servicios Legales por Desastre (DLS, por sus siglas en inglés) provee asistencia legal gratuita a los sobrevivientes afectados por un desastre mayor declarado por el presidente a través de un convenio con la División de Abogados Jóvenes (YL, por sus siglas en inglés), del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA por sus siglas en inglés).
Finalmente, su programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés) provee beneficios de desempleo y servicios de asistencia de obtención de empleo a sobrevivientes afectados por un desastre mayor declarado por el presidente.