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Maxi Benbassat- En un nuevo revés de la lucha de más de 28 años por lograr que el estado de Carolina del Norte cumpla con “la obligación constitucional de brindar una educación sólida para los niños de Carolina del Norte”, tal como lo estipula el Plan Leandro, el Tribunal Supremo del estado bloqueó la ejecución de la orden de un juez de primera instancia de transferir los fondos escolares de este plan.
Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre la máxima corte de Carolina del Norte había dictaminado que se entregaran los fondos, que por casi tres décadas reclamaba la Junta de Educación en el marco del caso Leandro contra el estado, un litigio presentado en 1994 por las juntas escolares y familias de cinco condados de bajos ingresos quienes reclamaban no recibir la educación prometida en la Constitución Estatal.
En este contexto la máxima corte había designado un juez para que decidiera cuánto y cuándo pagar para compensar el reclamo. Según expertos, la suma podría alcanzar $677 millones tan solo para este año fiscal y además no se necesitaba la aprobación del poder legislativo estatal.
Este fallo considerado como “una gran victoria” por organizaciones activistas quedó revertido luego de la nueva decisión de los primeros días de marzo del Tribunal Supremo, tomada con 5 votos republicanos a favor y 2 demócratas en contra. Cabe destacar que el dictámen se da luego del cambio en el panorama político tras los pasados comicios de noviembre, que dieron al Partido Republicano la mayoría en las dos cámaras de la Asamblea General y también en la composición de la máxima corte.
Según medios locales, los legisladores republicanos ejercieron presión para revertir el fallo de noviembre por considerar que dicha asignación no podía hacerse sin una legislación que específicamente lo ordenara así.
Información en línea de la organización Cada Niño NC asegura que el Leandro Comprehensive Remedial Plan (Plan Leandro) se basa en una amplia investigación realizada por los principales expertos en educación no partidistas del país y proporciona una hoja de ruta detallada de la política educativa que deben seguir los legisladores estatales. El plan fue ordenado por el tribunal como resolución del caso Leandro contra el estado, para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación básica sólida antes de 2028.
Su objetivo es abordar las necesidades críticas del sistema escolar público de Carolina del Norte, con profesores y directores calificados y diversos en todas las escuelas, a los que se apoye con formación y desarrollo profesional; con un sistema de financiación escolar adecuado y equitativo e inversión en programas de educación temprana de alta calidad (desde el nacimiento hasta los 5 años), entre otras medidas, se lee en el sitio web de la organización.
Según Cada Niño NC, desde que se presentó el caso Leandro contra el estado los tribunales han constatado reiteradamente que en Carolina del Norte son demasiado pocos los alumnos que reciben una educación que cumpla el nivel mínimo exigido.
