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Alexis Quintar- El 26 de Noviembre el gobierno de Nicolás Maduro, representado por el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el diputado e hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, reinició oficialmente los diálogos con la Plataforma Unitaria de oposición, los cuales habían sido suspendidos formalmente en octubre de 2021 por decisión del gobierno venezolano.
La reunión se celebró en México, en donde se firmó un importante acuerdo para el pueblo venezolano que prevé la creación de un fondo social, el cual será manejado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para ocuparse de atender la compleja crisis que atraviesa el país caribeño. Aunque no se habló de ningún monto de dinero, se prevé que dicho fondo pueda alcanzar los 3.000 millones de dólares.
Al parecer, esta buena predisposición que mostraron el oficialismo y la oposición de Venezuela hizo que, el mismo día, la administración de Joe Biden tome una decisión que algunos consideran un hito en las tensas relaciones entre Washington y Caracas. Mediante un comunicado que emitió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual está a cargo de Janet Yellen, se informó que se le concedió a Chevron una licencia para reanudar la explotación de petróleo en Venezuela.
En el comunicado que emitió la secretaría dirigida por Yellen se indicó: “Chevron y sus subsidiarias podrán retomar actividades limitadas tanto de exploración como explotación petrolera, siempre y cuando la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, no reciba ganancias de las actividades de la compañía estadounidense”.
“Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio a sanciones específicas basándose en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia”, sumó el Departamento del Tesoro.
Además, desde la secretaría aseguraron: “Otras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela impuestas por Estados Unidos siguen vigentes. Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”.
En otra parte del comunicado, reconocieron: “Los anuncios de la Plataforma Unitaria y del régimen de Maduro son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país. Estados Unidos acoge con satisfacción y apoya la reapertura de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro, como parte de nuestra política de larga data para apoyar la restauración pacífica de la democracia, las elecciones libres y justas, y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos”.
Según publicó el diario El País, un alto funcionario del Gobierno estadounidense aseguró que esta decisión sobre la petrolera Chevron no se toma en respuesta a los precios de la energía. “Esta es una licencia limitada. Como hemos dicho en el pasado, se trata de que el régimen tome las medidas necesarias para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela”, señaló el ladero de Biden.
Más allá de todas estas medidas, hay que reconocer que el gobierno de Biden ha buscado frenar a como dé lugar el alza del precio de las gasolinas. Recordemos que el gobierno norteamericano hace un tiempo admitió públicamente que el combustible venezolano podría ser muy importante para estabilizar el mercado internacional de precios, los cuales son el detonante de la fuerte inflación que vive Estados Unidos, debido, en gran medida, al alza del precio de la gasolina.
Sin embargo, entre los expertos en el tema, hay muy poco optimismo con el alcance que puedan tener estas nuevas medias. Esto tomó mucha más repercusión cuando el director de Chevron aseveró que podría llevar años volver a poner en marcha los campos petroleros. En el portal La Política Online, tuvieron acceso a fuentes del sector petrolero, las cuales señalaron: “El efecto colateral de esta medida es que podría abrir la puerta para un regreso más fuerte de la petrolera noruega Statoil y de la francesa Total, quienes verían una oportunidad para potenciar sus negocios en ese país. En el caso de Total, mantenía su presencia en Venezuela, pero también de manera limitada”.
Asimismo, el experto en política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, Francisco Monaldi, fue categórico a la hora de opinar sobre estas nuevas medidas. “No hay un gran incentivo a corto plazo para Venezuela”, señaló Monaldi. Igualmente, el experto en política energética añadió: “Veremos cómo reacciona el gobierno de Maduro y cuántos cargamentos le serán asignados a Chevron después”.
El anfitrión del evento, en donde fueron protagonistas el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien aseguró que “la firma del acuerdo era una esperanza para Latinoamérica”. Por otro lado, en el comunicado que emitieron en conjunto, Estados Unidos y la Unión Europea, reconocieron que esta reunión es muy esperanzadora y “pidieron a los negociadores comprometerse de buena fe hacia un acuerdo integral que conduzca a elecciones libres y justas”.
Más de dos décadas de tensas relaciones
Cabe recordar que las tradicionalmente estrechas relaciones comerciales y diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la hoy República Bolivariana de Venezuela comenzaron a deteriorarse luego de la llegada al gobierno del hoy fallecido presidente, Hugo Chávez. El distanciamiento continuó con Nicolás Maduro, actual gobernante del país suramericano, sin embargo, analistas consideran auspiciosa la firma del más reciente acuerdo de diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano, tras el cual la petrolera Chevron retoma operaciones en Venezuela.
Algunos hitos de estás más de dos décadas de tensa relación entre las dos naciones se remontan a 2002 cuando Chávez acusa a Estados Unidos de estar detrás del intento de Golpe de Estado del 11 de abril en su contra y alega que durante el período posterior al golpe, Estados Unidos siguió buscando su derrocamiento.
La tensión se sigue agravando en un contexto de inestabilidad política en Venezuela y, en el 2005, Chávez anuncia que da un plazo de 24 horas a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para que se retire del país bajo acusaciones de espionaje y apoyo al narcotráfico. Las oficinas de la DEA funcionaban en una importante zona militar de la capital del país suramericano.
Emblemática para evidenciar la postura del gobierno venezolano es la afirmación que hace Chávez en septiembre de 2006 en el marco de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que asegura: “Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre todavía”, en clara alusión al presidente norteamericano George W. Bush.
En septiembre de 2008 Chávez, en “solidaridad” con Bolivia, expulsa al embajador estadounidense Patrick Duddy y ordena regresar al embajador venezolano en Washington, Bernardo Alvarez.
Chávez fue un acérrimo crítico del gobierno del presidente George W. Bush. Analistas esperaban una mejora en las relaciones luego de la llegada a la presidencia de Barack Obama, pero esto no fue así.
En 2009 en Copenhague, durante la cumbre sobre el cambio climático, Chávez ataca a su homólogo estadounidense, Barack Obama, diciéndole: “sigue oliendo a azufre”, haciendo referencia a su afirmación de 2006 contra el entonces presidente George W. Bush.
El 24 de mayo de 2011 Washington aprueba sanciones contra siete compañías internacionales que apoyaron a Irán en el área energética. La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo en la lista de sancionadas.
También en 2012 Estados Unidos acusa a la cónsul venezolana Livia Acosta Noguera de planear ciberataques a instituciones gubernamentales y plantas nucleares en territorio norteamericano lo que resultó en su expulsión el 8 de enero de ese mismo año.
El 30 de septiembre de 2013, el ahora presidente Maduro expulsa del país a la encargada de negocios estadounidense, Kelly Keiderling, al igual que a otros dos diplomáticos por presuntamente impulsar “sabotaje” contra su gobierno. Y en febrero de 2014 Obama responde condenando la violencia en Venezuela, al tiempo que exhorta al gobierno de Venezuela a no desviar la atención expulsando a sus diplomáticos con “falsas acusaciones” .
Como hito cúspide de las deterioradas relaciones, en marzo de 2015 Obama firma una Orden Ejecutiva en la cual declara que Venezuela representa una amenaza “inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional que se extiende por un año más el 3 de marzo de 2016.
Tras la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos la relación no mejoró. De hecho, en 2017 tiene lugar una escalada de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU en contra de funcionarios y colaboradores venezolanos que se inician en febrero en contra del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien se acusa de presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
También en mayo se sanciona al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, a quien se acusa de liderar un Poder Judicial que exacerba la crisis en el país interfiriendo con la autoridad del Poder Legislativo, esto tras la elección de una criticada Asamblea Nacional Constituyente. Otros siete funcionarios del órgano Judicial fueron sancionados.
Asimismo, en julio del mismo año 13 funcionarios y ex colaboradores del gobierno de Venezuela, que incluyen a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena; al entonces defensor del Pueblo; Tarek William Saab, y al ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol son sancionados por el Tesoro estadounidense.
En un contexto de grave inestabilidad en el país suramericano, el 27 de julio, Estados Unidos ordenó a familiares de su personal diplomático abandonar Venezuela en el marco de “disturbios sociales, crímenes violentos y la omnipresente falta de alimentos y medicinas”.
También en julio, el Departamento del Tesoro estadounidense aprobó sanciones económicas y jurídicas directas contra el propio Nicolás Maduro, tras asegurar la “ruptura del hilo constitucional” en el país con motivo de la elección de la Constituyente.
Finalmente, el 25 de agosto el presidente Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva que impone al gobierno venezolano sanciones financieras que prohíben “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”.
Las relaciones han seguido tensas en los años de pandemia y este acuerdo reciente entre la Plataforma Unitaria, agrupación que representa a la oposición en Venezuela, y el gobierno, reaviva las expectativas. Cabe destacar que este se logra después de un año del último intento fallido de conversaciones, interrumpidas unilateralmente por el gobierno venezolano debido a la extradición hacia Estados Unidos del empresario y diplomático colombiano Álex Saab que algunos consideran como presunto testaferro de Nicolás Maduro.
