Foto: ICE
Leah Carlson- Este 25 de marzo autoridades federales anunciaron que limitarán el uso de las instalaciones del Centro de Detención del condado de Alamance, en Graham, y que a partir de ahora este sólo será usado para detenciones de 72 horas o menos. Las condiciones de la instalación, incluyendo “la falta de espacios de recreación al aire libre” motivaron la decisión, según un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
En el documento también se informó el cierre total de la cárcel del condado de Etowah, en Gadsden, Alabama, tan pronto como sea posible, debido a “un largo historial de graves deficiencias”. Según información publicada en medios locales, la decisión tomó por sorpresa al Alguacil del condado de Etowah, Jonathon Horton, quien aseguró que esta misma semana había sido notificada la llegada de 135 detenidos al centro.
Asimismo, el ICE anunció la limitación del uso del Centro de Detención del Condado de Glades en Moore Haven, Florida, y del Centro Correccional Winn en Winnfield, Luisiana. En los últimos años el ICE había reducido el uso de las instalaciones del condado de Glades, debido a “preocupaciones persistentes y continuas relacionadas con la prestación de atención médica a los detenidos”, sin embargo seguía pagando por un número mínimo de camas. Ahora ha decidido no aumentar las camas y advirtió que el funcionamiento futuro de este centro dependerá de que se cumpla con las normas de detención.
También, el ICE tiene previsto reducir el funcionamiento al mínimo garantizado del Centro Correccional de Winn para ajustarse a las limitaciones de personal y asignará un coordinador de recursos de custodia para evaluar y supervisar las condiciones del lugar y tomar medidas de ser necesario, según informó el comunicado.
En el documento se asegura que estas decisiones subrayan el compromiso del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de revisar los centros de detención para determinar si son humanos, cumplen las normas y hacen un uso responsable de los fondos asignados.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la noticia pues durante años se ha advertido la falta de atención médica adecuada y otros graves problemas en varias instalaciones del ICE. Los llamados de atención aumentaron durante la pandemia de COVID-19, debido a la preocupación por la carencia de protocolo de prevención del contagio en muchos centros de detención y la alta posibilidad de propagación del virus.
Actualmente, el ICE detiene a casi 22.000 inmigrantes en centros de todo el país. Bajo el mandato del actual presidente demócrata Joe Biden, las detenciones y deportaciones han disminuido en comparación con la administración de su predecesor, el presidente republicano Donald Trump, pero activistas pro inmigración estiman que la administración Biden debería hacer más para poner fin a la detención en los centros acusados de violaciones a los derechos humanos.
Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) gestiona el mayor sistema de detención de inmigrantes del mundo y gasta más en la aplicación de la Ley de Inmigración que en todas las demás agencias federales de este tipo juntas.
Además, las operaciones del ICE en el interior del país con la cooperación de los organismos policiales estatales y locales crea un terreno fértil para la elaboración de perfiles raciales y para que crezca la desconfianza en la policía local entre las comunidades de inmigrantes.
El sistema de detención del Servicio de Inmigración está conformado por más de 200 cárceles y centros de detención y según el NIJC “opera según un modelo correccional, en conflicto directo con la naturaleza civil de la detención de inmigrantes”. Para el NIJC a esto se suma el hecho de que el ICE no supervisa de forma adecuada ni toma medidas significativas en caso de que los centros no cumplan sus normas mínimas de detención.
“El ICE no ha invertido en alternativas a la detención mucho más humanas, eficaces y rentables basadas en la comunidad, que podrían reducir el gasto del gobierno en detención de inmigrantes en un 80 por ciento”, puntualiza el NIJC en una publicación en línea sobre los problemas del sistema de detención de inmigrantes.
El ICE y la Oficina del Alguacil del Condado de Alamance
Terry Johnson, principal oficial del orden público del Condado de Alamance, ha mostrado abiertamente su apoyo al ICE en medio de fuertes críticas por parte de las organizaciones que defienden a los inmigrantes.
En este sentido, desde que la Junta de Comisionados del Condado de Alamance votó para unirse al Programa 287(g) en 2006, los activistas consideran desproporcionadas sus actuaciones contra los inmigrantes latinos.
El Programa 287(g) se refiere a una sección específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 en la que se autoriza al Director del ICE a celebrar acuerdos con las agencias de aplicación de la ley estatales y locales que permiten a los oficiales designados realizar “funciones limitadas de aplicación de la ley de inmigración”.
Entre 2008 y 2012 la Oficina del Alguacil detuvo y emitió citaciones a conductores hispanos que cometieron infracciones de tránsito a un ritmo mayor que conductores no hispanos que cometieron las mismas infracciones, subraya un estudio de campo realizado por el experto del Departamento de Justicia de EE. UU., John Lamberth.
En 2012 el ICE había suspendido el programa en Alamance luego de una lucha legal en la que se vio involucrada la Oficina del Alguacil. En ese momento el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra esta oficina por detener y procesar de manera desproporcionada a inmigrantes indocumentados para deportarlos a sus países de origen. La demanda alegó perfiles raciales inconstitucionales, sin embargo fue desestimada en 2015 por un juez federal alegando insuficiencia de pruebas.
A raíz del triunfo de Trump en 2016, el alguacil Johnson intentó restablecer la relación con el ICE, lo que despertó la preocupación de la comunidad de inmigrantes por el posible regreso del programa 287 (g) que veían como una forma de intimidación racial y deportación. Debido a protestas en 2018 en las que la comunidad salió a las calles para rechazar el regreso del programa, el Alguacil desistió de colaborar con el ICE siguiendo las líneas del modelo anterior.
