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Raquel García Núñez- El ejercicio del periodismo en México atraviesa tiempos difíciles marcados por asesinatos, amenazas, autocensura, e impunidad. Informar u opinar sobre temas como la corrupción y el narcotráfico representa un riesgo para los trabajadores de la prensa mexicana que no terminan de encontrar por parte de las autoridades nacionales y locales la protección adecuada y oportuna para evitar que se sigan perdiendo vidas.
Enero fue un mes nefasto, cuatro periodistas fueron asesinados por desconocidos sin que hasta el momento las investigaciones hayan arrojado conclusiones concretas que den con el paradero de los autores de los crímenes. Según la Organización Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, con las cuatro muertes violentas del mes pasado ya suman 149 periodistas asesinados desde el 2000 en México. Del total 137 son hombres y 12 son mujeres, 47 se registraron durante el mandato de Enrique Peña Nieto y 29 bajo la gestión de Andrés López Obrador.
El 31 de enero el periodista Roberto Toledo, de 55 años, y quien trabajaba en el portal “Monitor Michoacán”, fue acribillado a la salida de su oficina ubicada en Zitácuaro por tres hombres armados. El medio digital para el que laboraba había señalado en varias ocasiones los actos de corrupción del poder vigente en Zitácuaro, localidad de unos 150.000 habitantes.
El jefe de Toledo, Armando Linares López, denunció que desde hace algunos meses integrantes de su equipo fueron amenazados de muerte. “Hoy esas amenazas se cumplieron”, señaló en un video donde confirmó la muerte del periodista. Desde la organización Artículo 19 pidieron a las autoridades de Michoacán que tomaran como línea de investigación la labor periodística, ya que el medio de comunicación había denunciado agresiones y amenazas.
“Durante mucho tiempo, las autoridades mexicanas no han estado dispuestas a tomar las medidas más básicas para hacer que el país sea más seguro para la prensa y ahora deben hacer todo lo que esté a su alcance para detener el ciclo de violencia e impunidad y llevar a los asesinos ante la justicia”, señaló tras la muerte de Toledo, Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Apenas una semana antes, el 23 de enero, la reportera independiente y corresponsal de varios medios, Lourdes Maldonado López, fue interceptada afuera de su domicilio en Tijuana por un hombre que bajó de un taxi y le disparó en el momento que ella llegaba en su vehículo. Maldonado, de 67 años, cubría principalmente notas de política y corrupción en el estado de Baja California. La periodista había reportado dos ataques a su vehículo en la semana del 29 de marzo al 4 de abril del 2021, según registros de Artículo 19. A raíz de estos ataques contaba con rondas policiales en su domicilio como medida de protección por parte del Sistema Estatal de Protección a Periodistas.
En 2019, Maldonado había pedido ayuda al mismo presidente López Obrador en una rueda de prensa en la que manifestó que temía por su vida. Desde 2013 la corresponsal mantenía un conflicto laboral por despido injustificado y deudas de su salario con la televisora Media Sport de México (PSN), propiedad del exgoberador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Cuatro días antes de su muerte la justicia falló a favor de Maldonado, pero la empresa se negó a pagar lo adeudado y por esta razón se procedió por ley al embargo de la empresa mercantil PSN, y se designó como depositaria interventora a la periodista. El abogado de Maldonado dijo que el embargo le permitiría a Maldonado tener acceso a todos los libros contables y nóminas de pagos a los empleados de la empresa.
El 17 de enero, también en Tijuana, fue asesinado el fotorreportero Margarito Martínez. Un desconocido lo atacó con un arma de fuego en las afueras de su casa cuando salía con su vehículo a cubrir una pauta periodística. Martínez tenía 15 años cubriendo la fuente policial en distintos medios de comunicación dentro y fuera de Baja California. Desde julio de 2019 venía sufriendo agresiones, incluyendo un ataque físico y robo de celular por parte de la Policía Municipal de Tijuana. El Colectivo Yo Sí Soy Periodista, que prestaba apoyo a Martínez, aseguró que el fotógrafo había pedido en diciembre de 2021 la incorporación al Sistema Estatal de Protección a Periodistas, pero Martínez no pudo culminar el proceso.
Sobre este último punto, la organización Artículo 19 ha expresado preocupación porque los procesos de incorporación a los sistemas de protección son muy burocráticos y requieren “múltiples requisitos y documentos por parte de los periodistas antes de implementar medidas de protección efectivas”.
El 10 de enero, José Luis Gamboa, periodista independiente y director de la página en Facebook “Inforegio Network” fue asesinado en Veracruz de siete puñaladas. Gamboa cubría temas de política y presuntos vínculos entre las autoridades y grupos de la delincuencia organizada, así como la situación de inseguridad en el estado.
Debido a que no tenía ninguna identificación en el momento de su muerte, no se pudo saber quien era hasta el 14 de enero. Como su cuerpo no pudo ser identificado inicialmente, y por ende, se desconocía que era periodista, las autoridades empezaron la investigación como un homicidio calificado bajo el móvil de robo con violencia. No obstante, y debido a la forma como se cometió el crimen, la organización Artículo 19 pidió que se investigue el homicidio bajo las directrices que señala el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
Los números rojos del periodismo en México
Un informe elaborado por el Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), señala que en 2021 México fue el país más mortífero del hemisferio occidental, con al menos tres periodistas asesinados en relación directa con su trabajo. Esta organización está investigando actualmente otros seis asesinatos que ocurrieron en 2021 para determinar los motivos, además agregó los cuatro que ocurrieron en enero de 2022.
Al menos 27 periodistas murieron en el ejercicio de la profesión alrededor del mundo el año pasado, destaca un informe del CPJ. India y México encabezan la lista con la mayor cantidad de periodistas que han perdido la vida en represalia por su trabajo en 2021, con cuatro y tres casos confirmados respectivamente, según datos consolidados del CPJ.
En el Índice de Impunidad Global del CPJ, que se centra en aquellos países donde asesinan a periodistas y los autores de esos crímenes continúan sin rendir cuentas ante la justicia, México ocupa el sexto lugar en el mundo por segundo año consecutivo. “A pesar de las condenas clave en los asesinatos de los periodistas Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios continúan siendo blanco de ataques a un ritmo alarmante”, destaca la organización que sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo.
Somalia sigue siendo el peor país del mundo en asesinatos de periodistas sin resolver.
Al menos en 40 localidades en todo México, según reporta el CPJ de ese país, se manifestaron periodistas de todos los medios para rechazar el asesinato de sus colegas, por la falta de protección oportuna por parte de las autoridades y la demora en hacer justicia, lo que ha dado pie a la impunidad de la que se aprovechan los criminales que actúan de forma violenta contra la prensa.
